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El Proyecto Aborto Terapéutico postula que la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado debe ser garantizada por la constitución y las leyes, y atendido por los servicios públicos, cuando se presentan circunstancias de especial gravedad para la integridad física y psicológica de una mujer, como son la necesidad de protección de la salud, el embarazo por violación o incesto y la inviabilidad fetal. Entendemos esta garantía como un derecho humano de las mujeres fundado en el valor de sus vidas y en principios de justicia social, el cual es vulnerado en el país desde 1989, año en que el aborto por razones terapéuticas fue convertido en delito, sin que la vigencia de la democracia haya logrado revertir la situación.

Una de las razones que explica la persistencia de esta injusticia es la débil argumentación sobre el valor de la vida y los derechos humanos de las mujeres en la deliberación pública sobre el aborto, deliberación escasa y dominada por opiniones integristas. El poder e influencia mediatica, cultural y política del discurso conservador, logran paralizar las iniciativas de cambio y trasmitir la impresión de que la mayoría del país se opone a la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia, sin importar la opinión ni las dificultades de las mujeres.

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